Una decisión histórica

ANÁLISIS
Una decisión histórica
Jorge Grunberg *
Desde hace algunas semanas tiene lugar en nuestro país un debate sobre el proyecto de ley para crear una agencia de evaluación de la calidad de la educación universitaria (la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria o APACET). Esta iniciativa es oportuna ya que nuestro país es el único en la región y uno de los pocos en el mundo que carecen de un mecanismo de aseguramiento de la calidad de sus universidades.
Lamentablemente, la discusión de este proyecto se puede transformar en una lucha por el control de la APACET -e indirectamente del sistema universitario- en lugar de un esfuerzo colaborativo por la mejora de la calidad académica en nuestro país. Debemos evitar esto porque lo que está en juego es demasiado importante como para permitir que esta iniciativa se vuelva emblema de enfrentamientos partidarios o rehén de inercias históricas. Debemos aprovechar la relativa bonanza actual para modernizar nuestro modelo productivo y transformarnos en un productor de bienes y servicios diferenciados, con alto valor agregado y mayor contenido de conocimiento y tecnología. Sólo de esa manera podremos alcanzar una prosperidad sostenible en el largo plazo.
Para modernizar nuestra sociedad debemos mejorar nuestro sistema universitario que es casi inaccesible para los ciudadanos de menores ingresos, no genera suficientes emprendimientos innovadores, continúa demasiado distante del sector productivo, acumula a los jóvenes en profesiones superpobladas y ofrece relativamente pocas opciones de postgrado, especialmente a nivel doctoral.
Para mejorar nuestro sistema universitario debemos invertir más recursos pero también es necesario establecer mecanismos de evaluación de la calidad para asegurar que esas inversiones resultan efectivas.
La misión de la APACET debería ser evaluar los servicios de todas las universidades para ofrecer información objetiva a los alumnos y sus familias sobre la calidad de las carreras que desean cursar, certificar las competencias de los profesionales egresados y dar cuenta a los contribuyentes sobre el cumplimiento de los objetivos sociales para los cuales se han asignado fondos como el acceso a la universidad de grupos desfavorecidos, la expansión fuera de Montevideo o la producción de conocimiento útil para el país.
Lamentablemente, la agencia propuesta por este proyecto de ley no podría cumplir con esta misión ya que no cumpliría con los requisitos esenciales para funcionar como un sistema de mejora de la calidad: la universalidad y la imparcialidad.
Todo mecanismo de calidad debe ser universal en el sentido de que debe supervisar a todos los componentes del sistema evaluado. Por ejemplo todos los bancos del Uruguay, públicos o privados, son evaluados por el Banco Central.
En este proyecto de ley ni la UDELAR ni el futuro Instituto Universitario de Educación o IUDE, que sustituirá al Instituto de Profesores de Artigas (IPA) y que todavía no ha sido creado, estarían sujetos a evaluaciones obligatorias.
En un momento en que nuestro país intenta crear nuevas opciones de formación superior en todo el país, es más necesario que nunca que todas las carreras e instituciones sean evaluadas sistemáticamente.
El mecanismo propuesto por este proyecto de ley no sería imparcial ya que la mayoría absoluta del gobierno de la APACET (tres integrantes en un total de cinco) estaría conformada por representantes propuestos por dos instituciones: UDELAR y IUDE. Adicionalmente, la UDELAR evaluaría las carreras de las universidades privadas, una disposición inédita en nuestro país y contraria a la histórica sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 1997 que estableció que el mandato legal de la UDELAR no incluye evaluar en forma directa o indirecta otras universidades legalmente reconocidas.
Todos los organismos internacionales especializados recomiendan que las agencias evaluadoras sean independientes de las instituciones con intereses en la materia evaluada y que todos sus informes técnicos sean siempre elaborados por fuentes independientes. En conclusión, este proyecto de ley en su forma actual propone un sistema que no sería efectivo para mejorar la calidad de nuestra educación terciaria, transforma lo que debería ser un esfuerzo colaborativo por la mejora de la educación nacional en una lucha política por el control del sistema universitario y trasmite el mensaje de que la rendición de cuentas no es obligatoria para todos en una democracia y que no todos en definitiva son iguales ante la ley.
•Rector de la Universidad ORT